La influencer iraní conocida como Baby Rider, cuyo nombre real era Diana Bahadori, fue asesinada a los 19 años tras recibir dos disparos en la cabeza durante una violenta operación de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Gorgan, ubicada en el norte de Irán. Los hechos ocurrieron en la medianoche del pasado 8 de enero, en medio de la represión de manifestaciones antigubernamentales contra el líder supremo Alí Jameneí y la grave crisis económica que atraviesa el país.
Baby Rider se había convertido en una figura popular en Instagram, donde acumulaba casi 200.000 seguidores gracias a sus videos conduciendo motocicletas de gran cilindrada. Sus publicaciones, en las que a menudo aparecía sin velo —en claro desafío a las estrictas normas impuestas por el régimen islámico—, la transformaron en un símbolo de resistencia juvenil y femenina en Irán.
Según organizaciones de derechos humanos, como Hyrcani Human Rights, y reportes de medios internacionales, la joven participaba activamente en las protestas y fue blanco de una acción represiva por parte de las fuerzas del Estado. Tras su muerte, la familia permaneció varios días sin información sobre su paradero. El cuerpo fue entregado dos días después, presuntamente bajo presiones de las autoridades para aceptar una versión oficial falsa a cambio de poder realizar el funeral.
Los medios estatales iraníes han negado que se trate de un asesinato y sostienen que Diana Bahadori murió en un accidente de tráfico. Sin embargo, esta explicación ha sido rechazada por testigos, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes coinciden en que los impactos de bala fueron causados por disparos de las fuerzas de seguridad durante la represión.
La muerte de Baby Rider se suma a la larga lista de civiles —especialmente mujeres y jóvenes— fallecidos en el contexto de las protestas en Irán en los últimos años. Su caso ha reavivado las críticas internacionales contra el gobierno por el uso sistemático de la fuerza letal y la falta de investigaciones independientes.
Hasta el momento, no se han anunciado avances en una investigación oficial imparcial sobre los hechos. Familiares y activistas exigen justicia y el fin de la impunidad en casos de represión contra manifestantes y figuras disidentes en redes sociales.
