Por: Mónica Carriel Gómez
En el ecosistema mediático ecuatoriano, la diferencia entre pauta publicitaria y coima debería ser clara, ética y legal. Sin embargo, En la práctica, esa frontera se ha ido erosionando hasta volverse confusa, especialmente en contextos de alta polarización política, precariedad económica de los medios y opacidad en el uso de recursos públicos. La pauta es, en esencia, una herramienta legítima de comunicación: recursos destinados a difundir campañas institucionales, información de interés público o mensajes comerciales, bajo criterios técnicos como alcance, audiencia y pertinencia. Debe ser transparente, contractual, auditable y, sobre todo, no condicionada al contenido editorial. La pauta no compra silencios ni aplausos; compra espacios claramente identificados como publicidad.
La coima, en cambio, opera en la sombra. No suele pasar por contratos formales ni por facturación clara, y su objetivo no es informar sino influir: pagar para que no se publique una denuncia, para que se ataque a un adversario político, o para construir una narrativa favorable disfrazada de periodismo. Cuando el dinero condiciona la línea editorial, la agenda informativa o el enfoque de una noticia, ya no hablamos de pauta, sino de corrupción.
En Ecuador, esta distorsión se ha visto agravada por varios factores. Por un lado, la fragilidad financiera de muchos medios, especialmente locales y digitales, los hace vulnerables a presiones económicas. Por otro, la histórica discrecionalidad en la asignación de pauta estatal, que en distintos gobiernos ha sido usada como premio o castigo político. A esto se suma la proliferación de portales y “medios” sin estándares periodísticos claros, creados más como vehículos de negociación que como espacios informativos.
El problema se vuelve aún más grave cuando la coima se normaliza bajo eufemismos: “apoyo comunicacional”, “convenio estratégico”, “cobertura especial”. En esos casos, no solo se degrada el ejercicio periodístico, sino que se engaña a la audiencia, que consume contenidos creyendo que son información independiente cuando en realidad responden a intereses económicos o políticos.
Diferenciar pauta de coima no es un debate semántico, sino una defensa de la credibilidad. Exige reglas claras desde el Estado —con criterios públicos y verificables para la contratación de publicidad— y también autocrítica dentro de los medios. La transparencia en los ingresos, la separación estricta entre publicidad y redacción, y la ética profesional no son lujos: son condiciones mínimas para que el periodismo cumpla su rol democrático.
Cuando la pauta se convierte en coima, pierde la sociedad. Y cuando el periodismo acepta ese trueque, deja de ser contrapoder para convertirse en engranaje del problema. En un país golpeado por la violencia, la corrupción y la desinformación, la claridad ética no es opcional: es vital y urgente.
