La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha sido intervenida este viernes 30 de enero de 2026 en un operativo de gran escala que ha sacudido la estructura administrativa del país. La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de unidades de élite de la Policía, ejecutó 23 allanamientos simultáneos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, resultando en la detención de al menos nueve personas, incluido el Director Nacional de la ANT. La investigación, iniciada en julio de 2025, apunta a una red criminal que operaba desde el interior de la institución para agilizar trámites y asignar frecuencias de transporte de manera ilegal.
El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la intervención como un proceso de “autodepuración” necesario, señalando que el perjuicio económico al Estado supera los 3 millones de dólares. Según el ministro, la red exigía a diversas agencias provinciales recaudaciones ilícitas de entre 100,000 y 300,000 dólares. Como medida inmediata para facilitar las investigaciones y limpiar la base de datos de la entidad, el Gobierno anunció el cierre total de la ANT durante los próximos 30 días.
Un “secreto a voces” convertido en proceso penal
El ministro Reimberg fue enfático al señalar que el sistema de emisión de licencias fraudulentas era ampliamente conocido por la ciudadanía, pero que ningún gobierno previo había tomado la determinación de judicializarlo. Los hallazgos confirman que los usuarios enviaban fotos por canales informales y recibían licencias oficiales sin haber cumplido con los exámenes o requisitos de ley. Esta práctica no solo alimentaba la corrupción, sino que ponía en riesgo la seguridad vial al otorgar documentos a personas no capacitadas.
Suspensión de servicios y próximos pasos
El cierre por 30 días, coordinado con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, implica que todos los trámites administrativos de la ANT quedan suspendidos temporalmente. Este periodo será utilizado por peritos informáticos y analistas financieros para rastrear la asignación de frecuencias de transporte público, las cuales habrían sido negociadas bajo sobornos. La Fiscalía no descarta que, tras el análisis de los teléfonos y documentos incautados hoy, se produzcan nuevas detenciones de altos mandos y exfuncionarios.
