La sede de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en la avenida Mariscal Sucre, en Quito, amaneció este viernes 30 de enero de 2026 bajo control policial y con sus puertas cerradas al público. El operativo, enmarcado en el Caso Jaque, ha dejado al descubierto una red de delincuencia organizada liderada presuntamente por el propio director de la entidad, Pedro Abril, y otros nueve funcionarios. Mientras el ministro del Interior, John Reimberg, vincula estas actividades ilícitas con el grupo criminal Los Choneros, decenas de ciudadanos que viajaron desde ciudades como Latacunga o el sur de la capital se toparon con la interrupción total de los servicios.
La intervención, que incluyó 23 allanamientos simultáneos, busca desmantelar una estructura dedicada a la emisión irregular de licencias y el tráfico de frecuencias. En los exteriores de la agencia, la frustración fue evidente entre los usuarios, quienes denunciaron que trámites como levantamiento de gravámenes o desbloqueo de vehículos llevan meses —e incluso un año— estancados por supuestas fallas en el sistema, que hoy se sospecha eran parte del esquema de corrupción.
