El tribunal de juzgamiento a cargo del caso Triple A negó el recurso de aclaración y ampliación solicitado por la empresa Fuelcorp S. A., una de las entidades procesadas en la causa. Los magistrados determinaron que no existe oscuridad ni omisión en la sentencia previa, señalando que la defensa pretendía desnaturalizar el recurso legal para cuestionar la conformación del tribunal y la participación de la jueza Consuelo Tapia. Con este fallo, la sala ratifica lo actuado y advierte que no es posible utilizar esta vía para reabrir debates jurídicos que ya han sido resueltos.
La resolución permite que el tribunal fije una nueva fecha para la audiencia de juicio, la cual ha sido postergada en tres ocasiones desde finales del año 2025. El proceso investiga el presunto almacenamiento y comercialización ilegal de productos derivados de petróleo, un esquema que habría generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano superior a los sesenta y un millones de dólares. Según la Fiscalía, el delito involucró el desvío de más de veintidós millones de galones de combustible subsidiado, principalmente diésel, hacia sectores industriales, mineros y navieros.
Entre los llamados a juicio se encuentran dieciséis personas naturales, incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis empresas señaladas como autoras o coautoras del ilícito. La acusación sostiene que estaciones de servicio en zonas fronterizas adquirieron combustible para fines distintos a los establecidos, aprovechando redes de distribución irregular. Una vez se defina el nuevo cronograma, se espera que el proceso entre en su etapa decisiva para determinar las responsabilidades penales de los implicados en esta red de tráfico de hidrocarburos a gran escala.
