La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su malestar ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional por no haber sido recibida para exponer sus observaciones a la reforma del Cootad. La funcionaria sostuvo que una normativa que regula a los gobiernos autónomos descentralizados no debe tramitarse sin la participación de quienes administran el territorio. Aguiñaga calificó la propuesta del Ejecutivo como centralista y advirtió que el proyecto ignora las realidades locales, enfocándose únicamente en el control del gasto sin considerar variables críticas como las emergencias o la capacidad real de ejecución de cada entidad.
Uno de los puntos de mayor preocupación para la prefecta es la reclasificación de rubros que actualmente se consideran inversión social. Según Aguiñaga, el proyecto pretende catalogar como gasto corriente el financiamiento de personal para programas agrícolas, deportivos y de fumigación, los cuales son fundamentales para prevenir la violencia en barrios vulnerables. Asimismo, recordó que el Gobierno Central mantiene una deuda de más de 60 millones de dólares con el Guayas, lo que dificulta la eficiencia exigida. Ante esto, propuso que la reforma incluya incentivos a la innovación y buena gestión, en lugar de centrarse exclusivamente en sanciones y recortes automáticos.
