Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), se pronunció este martes sobre la reciente designación de Damián Larco como titular encargado del organismo, asegurando que no existe irregularidad alguna en el proceso. Godoy, quien se encuentra con licencia sin remuneración para atender el juicio político en su contra, explicó que su ausencia temporal es una figura legalmente establecida. Al conocerse que su suplente, Alexandra Villacís, registra un impedimento administrativo para ejercer cargos públicos, el pleno del consejo procedió a aplicar el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, permitiendo que Larco asuma la dirección de la entidad de manera provisional para evitar una parálisis institucional.
Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Godoy enfatizó que el encargo a Larco busca garantizar la continuidad de la vigilancia y disciplina judicial. Según el funcionario, la sesión extraordinaria realizada la madrugada del martes cumplió con los procedimientos de convocatoria necesarios ante la urgencia de la situación administrativa de Villacís, a quien se le habría notificado para que presente sus respectivos descargos. Pese a estas explicaciones, la mesa legislativa cerró la etapa de actuación de prueba del juicio político tras la inasistencia de varios testigos convocados, dejando pendiente la elaboración del informe que recomendará el archivo o la continuación del proceso en el pleno del Legislativo.
No obstante, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, como Viviana Veloz y Raúl Chávez, quienes calificaron la sesión de medianoche como un intento de mantener el control político sobre la institución. Los asambleístas cuestionaron la validez de la aplicación del artículo 262 en estas circunstancias, sugiriendo que las acciones del Consejo de la Judicatura responden a intereses particulares más que a la normativa vigente. Mientras la pugna política se intensifica, Damián Larco se mantiene al frente del organismo encargado de la disciplina de jueces y fiscales, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el futuro de la cúpula judicial.
