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febrero 12, 2026 | Actualizado ECT
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Antonio Alvarez es trasladado a la cárcel de Turi; Miguel Montalvo es presidente de Barcelona SC

El dirigente y sus hermanos son investigados por un presunto perjuicio de 100 millones de dólares en el “Caso Goleada”.

Escrito por Abel Cano

febrero 12, 2026 | 10:21 ECT

El panorama institucional de Barcelona Sporting Club dio un giro drástico tras el traslado de su presidente, Antonio Alvarez Henriques, al Centro de Rehabilitación Social Azuay No. 1 (Cárcel de Turi), en Cuenca. La medida responde a la orden de prisión preventiva dictada el pasado miércoles 11 de febrero por un juez de Garantías Penales, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, la red habría estructurado un esquema ilegal de comercialización de combustible con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

Ante la ausencia del titular, el club amarillo anunció que Miguel Montalvo Arias, quien se desempeñaba como vicepresidente financiero, ha asumido la presidencia de manera subrogante. Montalvo estará al frente de la institución mientras persista la situación jurídica de Alvarez. En la misma línea directiva, se confirmó que David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, también está procesado, aunque en su caso recibió medidas alternativas como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Situación de los hermanos Alvarez y denuncias de la defensa

El traslado de los implicados ha generado controversia debido a que, según su defensa técnica, se habrían ignorado las recomendaciones judiciales sobre los centros de reclusión:

  • Antonio y Xavier Álvarez: Trasladados a la cárcel de Turi en Cuenca.
  • Aquiles Alvarez (Alcalde de Guayaquil): Ingresado en la cárcel de Latacunga, pese a que se había sugerido inicialmente el Centro de Rehabilitación de Pichincha No. 2.

Ramiro García, abogado de la familia, calificó estas acciones como una “persecución”, señalando la discrepancia entre lo dispuesto por el juez de la causa y el procedimiento ejecutado por las autoridades carcelarias. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando indicios sobre el modelo empresarial que habría facilitado el desvío de fondos y la evasión tributaria a gran escala.

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