El Parlamento ecuatoriano aprobó en segundo debate la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, un marco legal que busca blindar la infraestructura crítica del país frente a amenazas digitales. La norma introduce cambios significativos en el sistema educativo, obligando a incluir contenidos de higiene digital y protección de datos en el currículo nacional. Asimismo, reforma la Ley de Comunicación para destinar una hora diaria a programas de teleeducación y seguridad digital. En el ámbito operativo, la ley define responsabilidades compartidas entre el sector público y privado, exigiendo a los proveedores de servicios esenciales implementar sistemas de monitoreo y notificar incidentes de forma obligatoria.
Un aspecto destacado de la legislación es la regularización del hacking ético, permitiendo pruebas de penetración controladas para identificar vulnerabilidades, siempre que los profesionales estén inscritos en un registro nacional. Además, la ley crea el Comité Nacional de Ciberseguridad como instancia estratégica y endurece las sanciones para funcionarios públicos, con multas de hasta 40 salarios básicos en casos de omisiones graves. Tras su aprobación en el pleno, el documento fue remitido al Ejecutivo para su respectiva sanción o veto, estableciendo también controles más estrictos sobre los servicios de internet satelital a través de la Arcotel.
