El gobierno de Colombia formalizó la aplicación de una tarifa arancelaria del treinta por ciento para una amplia gama de mercancías provenientes de Ecuador, como respuesta directa a las medidas previas adoptadas por la administración de Daniel Noboa. A través del decreto número 0170 de 2026, el ministerio de comercio colombiano estableció este gravamen que afecta a veintitrés partidas arancelarias, incluyendo productos estratégicos del sector agrícola e industrial. Esta decisión profundiza la crisis comercial entre ambas naciones, originada tras la imposición ecuatoriana de una tasa de seguridad fundamentada en la supuesta falta de cooperación fronteriza.
La normativa colombiana no solo incrementa los costos de importación, sino que también establece restricciones operativas en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís. Según las autoridades de Bogotá, estas limitaciones buscan fortalecer los controles aduaneros y proteger el aparato productivo nacional ante las condiciones de desigualdad comercial generadas por el país vecino. El conflicto pone en riesgo exportaciones valoradas en millones de dólares, mientras los sectores productivos de ambos lados de la frontera advierten sobre el impacto negativo en el flujo de bienes esenciales como el arroz y otros alimentos básicos para la región.
