El movimiento Revolución Ciudadana denunció una persecución política tras la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, de suspender provisionalmente a la organización del registro del Consejo Nacional Electoral por un periodo de nueve meses. La medida surge a raíz de una denuncia presentada por el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, en el marco de la investigación denominada caso Caja Chica, donde se indaga el presunto delito de delincuencia organizada y lavado de activos. Según la dirigencia del correísmo, esta suspensión busca impedir de forma deliberada su participación en los próximos comicios seccionales, bloqueando el proceso de inscripción de sus candidatos bajo el argumento de una indagación fiscal que aún mantiene carácter reservado.
Ante este escenario, la Revolución Ciudadana anticipó que agotará todas las instancias legales y democráticas para revertir el fallo, sosteniendo que la resolución vulnera los derechos de la principal fuerza de oposición del país. Por su parte, el magistrado Viteri aclaró que la sanción podría levantarse de oficio si la Fiscalía General del Estado desiste del pedido o si la investigación es archivada, estableciendo además que el Ministerio Público deberá informar sobre el avance del proceso cada treinta días. Mientras tanto, figuras prominentes del movimiento, como la prefecta Paola Pabón, han manifestado que este hecho sienta un precedente negativo para la democracia ecuatoriana, asegurando que la defensa de su personería jurídica se trasladará tanto a los tribunales como al debate público nacional.
