La Asamblea Nacional tramita una ley urgente orientada a incentivar la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) como estrategia para reducir el déficit de 700.000 unidades habitacionales que registra el país. Según el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, la normativa permitirá que las empresas privadas apliquen una rebaja en su impuesto a la renta anual si destinan fondos a la donación o construcción de estos hogares. Las viviendas deberán cumplir estrictos parámetros de precio, que actualmente tiene un techo de 85.796 dólares, y estar destinadas exclusivamente a ciudadanos en situación de vulnerabilidad o familias con ingresos bajos y medios que no posean casa propia.
El reglamento de la ley establece que los proyectos VIS deben adaptarse a las condiciones climáticas y culturales de cada región, asegurando estándares mínimos que incluyen sala, comedor, cocina, baño completo y hasta tres dormitorios. Estas viviendas se clasifican en tres segmentos: aquellas con subsidio total del Estado para sectores pobres, las de subsidio parcial con modalidades de arrendamiento u opción de compra, y las financiadas con tasas de interés preferencial. Se priorizará el uso de materiales locales y sistemas constructivos eficientes para minimizar el impacto ambiental, garantizando siempre el confort y la habitabilidad de los beneficiarios.
Actualmente, programas estatales como el Miti-Miti ofrecen tasas de interés del 4,99% a través de diversas entidades bancarias y mutualistas del sistema financiero nacional. A esta oferta se suma el crédito Credicasa del Biess, que otorga una tasa preferencial del 2,99% para viviendas con un avalúo comercial de hasta 71.504,70 dólares. Con esta reforma, el Gobierno aspira no solo a facilitar el acceso a un techo digno, sino también a dinamizar el sector de la construcción y fomentar la generación de nuevas plazas de empleo a nivel nacional.
