Por Lcda. Mónica Carriel
La historia de Noelia Castillo no debería leerse únicamente como la consumación de un derecho, sino como el desenlace de una cadena de decisiones y omisiones que, vistas en conjunto, resultan difíciles de justificar sin incomodidad. No es una historia justa. Es, más bien, una de esas en las que el Estado aparece tarde, mal y, al final, sorprendentemente eficiente.
Este jueves 26 de marzo, a las 18:00 en España, se puso fin a la vida de una joven de 25 años que había solicitado la eutanasia tras un largo proceso. Todo dentro de la ley, todo correctamente documentado, todo impecable en apariencia. El expediente, seguramente, quedó perfecto.
Todo comenzó años atrás, en Barcelona, cuando una familia fue separada no por violencia, no por abandono deliberado, sino por pobreza. Así de simple y así de brutal. No pudieron sostener un hogar y el sistema decidió intervenir. Se habló de protección, de bienestar, de garantías.
Palabras grandes. Resultados pequeños.
Las dos hijas fueron enviadas a un centro público. Un lugar que, en teoría, debía resguardarlas. Una de ellas —apenas 13 años— sufrió reiteradas agresiones sexuales por múltiples sujetos dentro de ese mismo entorno. No en la calle. No en un rincón oscuro de la ciudad. Dentro del sistema. Bajo supervisión. Bajo custodia del estado.
Y ahí es donde la narrativa empieza a resquebrajarse.
Porque no basta con decir “falló”. Fallar es un accidente. Esto fue una acumulación de errores, omisiones y silencios que se extendieron en el tiempo. Y lo más inquietante no es solo lo ocurrido, sino lo que vino después: una respuesta que nunca fue proporcional al daño.
La joven salió de ese centro con una carga emocional devastadora. La depresión no fue una sorpresa; fue la consecuencia natural de lo vivido. Pero tampoco ahí apareció una red sólida que sostuviera su mente, su espíritu, que reparara, que reconstruyera. El acompañamiento llegó, si llegó, pero de forma insuficiente.
Y entonces vino el quiebre definitivo: un intento desesperado por escapar del dolor que terminó en una parálisis irreversible y un sufrimiento físico constante. A partir de ese momento, su vida dejó de ser una vida en plenitud y se convirtió en una resistencia diaria.
Es en ese punto donde el sistema, que antes fue lento, ambiguo o insuficiente, se vuelve claro, preciso, eficaz. Aparece la eutanasia. Aparece el derecho. Aparece la capacidad de decidir.
Y ahí, mágicamente, todo funciona.
Los padres, especialmente el padre, intentaron detener el proceso. No era un capricho ni una negación del dolor de su hija. Era, más bien, la sospecha —incómoda pero legítima— de que esa decisión no nacía en el vacío, sino sobre una historia profundamente dañada. Pero la maquinaria legal siguió su curso.
Y llegó a tiempo.
Ese es, quizás, el detalle más perturbador de toda esta historia: la eficiencia selectiva. Cuando hubo que proteger, el sistema fue insuficiente. Cuando hubo que reparar, fue tardío. Cuando hubo que hacer justicia, fue tenue. Pero cuando hubo que autorizar la muerte, fue puntual.
Impecable.
No se trata de negar el derecho a la eutanasia. Eso sería simplificar un debate complejo. Se trata de mirar el contexto en el que ese derecho se ejerce. Porque la libertad no es una abstracción: se construye con condiciones reales. Y cuando esas condiciones están marcadas por el abandono, la violencia y la falta de respuesta, la decisión final deja de ser un acto aislado y se convierte en el último eslabón de una cadena.
Aquí no hay una acusación ligera. Hay una inquietud razonable.
¿Puede hablarse de una decisión plenamente libre cuando la vida previa ha estado atravesada por fallas no resueltas? ¿Puede un sistema considerarse garante de derechos si esos derechos aparecen con claridad solo al final del camino?
Noelia Castillo no es únicamente el nombre de un procedimiento autorizado. Es también el reflejo de un recorrido en el que la protección no alcanzó, la justicia no cerró y la reparación no llegó a tiempo.
Y por eso el cierre incomoda.
Porque todo fue correcto al final, cuando antes había llegado tarde.
Y cuando una sociedad funciona así —cuando cuida mal, repara poco y decide bien solo en el último tramo—, la pregunta no es si actuó dentro de la ley.
La pregunta es si estuvo, alguna vez, realmente a la altura de la vida que tenía que proteger.
