A una década del fatídico terremoto del 16 de abril de 2016, los habitantes de Muisne y Chamanga, en la provincia de Esmeraldas, mantienen vivo el recuerdo de la tragedia que transformó sus vidas. Sobrevivientes como Lucrecia Ramos relatan cómo sus hogares colapsaron ante la fuerza del sismo de magnitud 7,8, obligando a cientos de familias a refugiarse en zonas altas ante el temor de tsunamis. En localidades como San José de Chamanga, el panorama aún refleja las secuelas del desastre, con familias que, tras perder incluso sus herramientas de trabajo como canoas de pesca, han tenido que levantar viviendas provisionales junto a carpas plásticas.
A pesar del tiempo transcurrido, las cifras oficiales revelan la magnitud del daño persistente: unas 2392 edificaciones resultaron afectadas en toda la provincia, incluyendo centros de salud y unidades educativas. Para mitigar este déficit, la alcaldía de Muisne y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda firmaron en 2025 un convenio para la construcción de 1100 casas destinadas a quienes perdieron todo en el terremoto y en inundaciones posteriores. Asimismo, se ejecuta una inversión superior a los 2,5 millones de dólares para dotar de agua potable a Chamanga y otras siete comunidades rurales, un servicio básico que ha sido una demanda histórica desde el desastre.
La situación habitacional se ha vuelto más compleja debido a nuevos eventos naturales, como los sismos de 2022 y 2025, que elevaron la cifra de afectados a cerca de 8000 personas en la provincia. Ante esto, el Gobierno asignó recientemente más de 2,6 millones de dólares para un plan habitacional de interés social en el sector Lucha de los Pobres. Mientras tanto, desde la Asamblea Nacional y los comités de damnificados se realiza un seguimiento estricto para asegurar que los recursos de reconstrucción finalmente cierren las heridas de una década de precariedad en el perfil costero esmeraldeño.
