El Gobierno de Daniel Noboa anunció la implementación de un nuevo toque de queda que regirá desde el 3 hasta el 18 de mayo, con el objetivo de profundizar las operaciones de seguridad contra las estructuras delictivas. La restricción de movilidad se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de cuatro cantones específicos en otras provincias. Según el Ministerio del Interior, esta decisión busca dar continuidad a los golpes asestados a los grupos de delincuencia organizada y reforzar la presencia del Estado en territorios priorizados tras los resultados del estado de excepción anterior.
Analistas de seguridad mantienen posturas divididas sobre la eficacia de la medida. Por un lado, se destaca que el control del tráfico nocturno permite a las fuerzas del orden intervenir con mayor libertad en el restablecimiento del orden público y limitar las actividades logísticas de las bandas criminales. Sin embargo, expertos advierten que anunciar estas restricciones con antelación podría permitir a las organizaciones delictivas mover recursos y cambiar de rutas antes de que inicien los controles. En este contexto, se sugiere que el éxito real dependerá de una coordinación efectiva entre la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial para evitar que las detenciones queden sin efecto.
A pesar de los desafíos, las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en los índices de criminalidad. El Gobierno reportó que las muertes violentas a nivel nacional se redujeron un 14% si se compara el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, alcanzando incluso una disminución del 24% durante el mes de marzo. La estrategia actual apunta no solo a contener la violencia visible, sino a intentar recuperar espacios territoriales donde el crimen organizado ha establecido microestados delictivos, mediante patrullajes sostenidos y una política de cero tolerancia.
