Nuevos detalles han surgido tras los allanamientos realizados la mañana de este martes 28 de abril en las sedes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Según fuentes de los ministerios de Ambiente y Energía y del Interior, la intervención liderada por el presidente Daniel Noboa busca desarticular una presunta red de corrupción integrada por funcionarios de alto y mediano rango, así como personal técnico. Se estima que esta organización habría causado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 28 millones de dólares solo durante el año 2025.
La estructura delictiva habría operado bajo dos modalidades principales: la refacturación de planillas sin justificación técnica y la manipulación de reclamos de usuarios. Las investigaciones preliminares señalan que la red ha estado activa por cerca de 10 años, aprovechando vacíos en los procesos de facturación de las unidades de negocio. Las provincias más afectadas por estas irregularidades son Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos, donde se concentra el mayor volumen de casos bajo sospecha.
El operativo se originó a raíz de una auditoría interna solicitada por la ministra Inés Manzano para transparentar la gestión de la distribuidora eléctrica. Los datos revelan que el 40 % de las anomalías detectadas corresponden a refacturaciones injustificadas dirigidas especialmente a los sectores industrial y comercial. Con las evidencias recabadas durante las incursiones en las oficinas de CNEL, las autoridades buscan determinar el alcance total del fraude y proceder con las acciones legales contra los implicados en este esquema de corrupción sistémica.
