El Municipio de Guayaquil, liderado por el alcalde Aquiles Alvarez, convocó el 2 de junio de 2025 una mesa técnica de seguridad para abordar la reciente escalada de hechos delictivos en la ciudad. La reunión, realizada en la Gobernación del Guayas, reunió a representantes de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) y otras instituciones para coordinar estrategias contra el crimen organizado.
El encuentro responde a incidentes como el ataque armado en Las Acacias el 1 de junio, que dejó un hombre muerto y un niño herido, y otro en la Costanera, con un herido por arma de fuego. Alvarez enfatizó que “esto no es normal y no lo vamos a normalizar,” destacando la necesidad de reforzar la presencia policial en zonas críticas como el Guasmo, Nueva Prosperina y Durán.
La mesa técnica, instalada de forma permanente desde diciembre de 2023, busca integrar a entidades como la banca, aduanas y el SRI para combatir la “economía criminal” ligada al narcotráfico y el microtráfico. Se acordó priorizar la construcción de infraestructura para mejorar la habitabilidad de los agentes policiales y realizar operativos conjuntos en ocho puntos críticos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).
En 2025, la Zona 8 registra 229 asesinatos, según la Policía Nacional, atribuidos principalmente a disputas entre bandas por el control territorial. El comandante de la Zona 8, general Fausto Buenaño, señaló que los operativos se enfocarán en sectores como Siete Lagos, isla Trinitaria y Pascuales, donde la violencia ha repuntado.
El Municipio ha invertido $25 millones en 2024 en herramientas de seguridad, incluyendo 130 vehículos con GPS y balizas. Sin embargo, expertos como Billy Navarrete subrayan que, aunque el control directo de la delincuencia es responsabilidad del Gobierno central, el cabildo debe liderar planes comunitarios para prevenir el crimen, como capacitaciones en oficios y cultura para jóvenes.
Alvarez y el viceministro del Interior, Lyonel Calderón, coincidieron en la urgencia de evitar que menores se unan a bandas delictivas, proponiendo programas sociales y mayor coordinación interinstitucional. La mesa se reunirá semanalmente para evaluar avances y garantizar resultados visibles en la reducción de la inseguridad.
