El gobierno de Daniel Noboa anunció el 2 de junio de 2025, desde el Palacio de Carondelet, un ajuste tarifario en las planillas eléctricas para grandes industrias de los segmentos AV1 (alto voltaje) y MV (medio voltaje), efectivo a partir del 1 de junio. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aclaró que la medida no afecta a los consumidores residenciales ni comerciales, quienes mantendrán tarifas sin cambios, según el Ministerio de Energía y Minas.
La tarifa para el segmento AV1 pasará de $7.91 a $10.22 por kilovatio/hora, y para MV, de $10.06 a $13.10, según datos oficiales. Este ajuste, descrito como una “transparencia tarifaria”, busca que las grandes industrias, como las mineras Fruta del Norte y Mirador, paguen el costo real de la energía, alineándose con los precios de mercado. La medida responde a la necesidad de financiar el sector eléctrico, que enfrentó una crisis en 2024 con apagones de hasta 14 horas diarias, causando pérdidas de $7,500 millones en industrias y comercios, según la Cámara de Comercio de Quito.
El ajuste se enmarca en un plan de cinco políticas estratégicas de Noboa, que incluye la eliminación del subsidio al diésel para la industria atunera y la creación de una tasa de fiscalización minera de $229 millones. La ministra de Energía, Inés Manzano, destacó que el fin de los apagones desde el 1 de enero de 2025, gracias a condiciones hidrológicas óptimas y la exportación de 5 gigavatios a Colombia, permite estabilizar el suministro. Sin embargo, expertos como Jorge Jaramillo advierten que estas exportaciones, a $0.05-$0.06 por kilovatio/hora, son poco rentables, beneficiando más a Colombia.
La Cámara de Industrias de Guayaquil señaló que, aunque las tarifas industriales ($7.99/kWh en 2021) son competitivas frente a Colombia ($9.27/kWh), el nuevo pliego podría reducir la competitividad, ya que en 2021 fue un 19% superior al promedio sudamericano para consumos altos. El gobierno promete que las industrias con autogeneración, como Fruta del Norte, que produce más del 50% de su energía, recibirán incentivos para mitigar el impacto.
El plan incluye reuniones técnicas con empresas eléctricas para garantizar 430 MW adicionales de generación para el estiaje de septiembre de 2025 a marzo de 2026, según Cenace. María Paz Jervis, del Comité Empresarial Ecuatoriano, calificó el fin de los apagones como una señal positiva para el crecimiento proyectado del 1.4%-1.6% en 2025, pero pidió claridad en la implementación para evitar alzas en costos de producción.
Críticos como Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, advierten que la falta de inversión en el sector eléctrico, que requerirá $10,000 millones en la próxima década, podría limitar los beneficios de estas medidas. El gobierno asegura que el ajuste tarifario, junto con auditorías a Petroecuador y Celec, fortalecerá la sostenibilidad fiscal, destinando ahorros a educación ($250 millones) y salud ($150 millones) para 2025.
