El 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con 82 votos una reforma al artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional. La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca establecer acuerdos bilaterales con países aliados que aporten tecnología avanzada, inteligencia y recursos logísticos, especialmente en zonas críticas como el océano Pacífico y las fronteras con Colombia y Perú, donde se concentra el tráfico de drogas y armas. Sin embargo, analistas advierten que esta medida, aunque bienvenida, no aborda por sí sola la raíz del problema.
La reforma, que aún requiere un segundo dictamen de la Corte Constitucional y un referéndum convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un plazo de 45 días, responde a la creciente violencia en Ecuador, con 3.084 homicidios intencionales entre enero y abril de 2025, atribuidos en un 94 % al crimen organizado. Estas bases actuarían como puntos de coordinación para esfuerzos multilaterales, facilitando la recuperación de territorios controlados por redes delictivas y fortaleciendo la seguridad regional. Además, se espera que incluyan programas de capacitación y transferencia tecnológica para mejorar las capacidades locales a largo plazo.
Michelle Maffei, docente universitaria y experta en prevención del crimen organizado, considera que la cooperación internacional es esencial, pero insuficiente sin reformas judiciales, depuración de instituciones y una sociedad civil más involucrada. Propuso alternativas como un portaaviones en aguas internacionales cerca de Galápagos para labores de inteligencia y monitoreo de cultivos de coca, en lugar de bases terrestres permanentes. Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad, destacó la necesidad de involucrar a países vecinos y aliados internacionales, dado que el crimen transnacional supera las capacidades locales, que carecen de equipamiento avanzado desde la salida de la base estadounidense de Manta en 2009.
La reforma ha generado debate. Asambleístas como Jadira Bayas (ADN) defendieron la medida, argumentando que llena vacíos regulatorios explotados por carteles de narcotráfico, mientras Nuria Butiñá (RC) expresó preocupaciones sobre la soberanía nacional, advirtiendo que elimina garantías constitucionales. La experiencia de la base de Manta, operativa hasta 2009, mostró beneficios en la interdicción de drogas, pero no mejoró significativamente la seguridad interna, según analistas.
Expertos coinciden en que las bases deben complementarse con políticas integrales, como fortalecer el sistema judicial, mejorar la inteligencia estratégica y combatir la corrupción. La infiltración de carteles mexicanos, colombianos y albaneses en Ecuador, junto con la sofisticación de las redes criminales, evidencia la urgencia de una estrategia multidimensional para recuperar la seguridad y proteger a las comunidades afectadas.
