La administración de Donald Trump está elaborando una normativa que impediría a los solicitantes de asilo en Estados Unidos obtener permisos de trabajo, según revelaron dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CBS News. Esta medida, aún en discusión, revertiría una política vigente desde los años noventa, que permite a los solicitantes de asilo optar por un permiso laboral 150 días después de presentar su solicitud y recibirlo tras 30 días adicionales. Actualmente, hay más de 3.5 millones de solicitudes de asilo pendientes: 1.5 millones ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y más de 2 millones en tribunales migratorios.
El plan, impulsado por USCIS, busca suspender indefinidamente las autorizaciones laborales para quienes tienen solicitudes de asilo en trámite, tanto en procesos administrativos como judiciales. La propuesta responde a la percepción de la administración Trump de que el sistema de asilo es un “imán” para migrantes que buscan oportunidades económicas, según los funcionarios. Sin embargo, el DHS no ha confirmado oficialmente la medida, limitándose a declarar que no comenta sobre procesos deliberativos y acusando a la administración Biden de haber “desmantelado” la integridad del sistema de asilo.
Organizaciones defensoras de migrantes, como el Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP), advierten que esta medida empujaría a millones de solicitantes a la economía informal, aumentando su vulnerabilidad. “Los solicitantes de asilo cumplen roles críticos en sectores como medicina y limpieza. Esta propuesta perjudica a comunidades y empleadores”, señaló Conchita Cruz, codirectora de ASAP. La medida recuerda una regla de 2020 del primer mandato de Trump, que extendió el tiempo de espera para permisos laborales a 365 días y endureció requisitos, aunque fue parcialmente bloqueada por tribunales.
En 2023, la administración Biden facilitó el trámite de permisos al permitir solicitudes en línea mediante el formulario I-765 y extendió la validez de los permisos a cinco años para reducir la carga administrativa. También se implementó una extensión automática de 540 días para permisos vencidos, medida que ASAP lucha por mantener ante intentos del Congreso de eliminarla. En marzo de 2025, USCIS procesó el 86.4% de los permisos iniciales en 30 días, aunque las renovaciones enfrentan demoras de hasta seis meses.
La suspensión propuesta afectaría la subsistencia de solicitantes que huyen de persecución, forzándolos a trabajar ilegalmente o depender de redes de apoyo. Expertos como Steve Yale-Loehr, de la Universidad de Cornell, consideran que la medida busca disuadir solicitudes de asilo, aunque los solicitantes legítimos priorizan escapar del peligro sobre el acceso laboral. La incertidumbre persiste mientras se espera una confirmación oficial y posibles desafíos legales.
