La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, una iniciativa impulsada por el presidente Daniel Noboa para combatir las economías criminales que alimentan el crimen organizado. Con 84 votos a favor, la ley introduce reformas penales y tributarias que permiten incautar bienes de grupos delictivos y canalizarlos hacia la seguridad ciudadana. Además, establece incentivos para que empresas privadas donen hasta el 30% de su Impuesto a la Renta en equipos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, promoviendo una alianza público-privada en la lucha contra la delincuencia.
La normativa, debatida como urgente en materia económica, incluye medidas como allanamientos con control judicial posterior y sanciones más duras por tráfico de combustible o pertenencia a bandas criminales. También prioriza la protección de víctimas del conflicto armado interno, con énfasis en prevenir el reclutamiento de menores, y ofrece beneficios económicos a pequeños productores y emprendedores para reactivar zonas afectadas por la violencia. Estas disposiciones reflejan un enfoque integral que combina represión del crimen con apoyo social y económico.
A pesar del respaldo mayoritario, la ley generó debate, con críticas de sectores como Revolución Ciudadana por posibles riesgos de abuso de poder. La eliminación de detenciones sin orden judicial fue un ajuste clave para garantizar derechos constitucionales. La implementación efectiva de esta ley, junto con una depuración de las fuerzas del orden y el sistema judicial, será crucial para medir su impacto en la seguridad y la economía del país.
