El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones seccionales de febrero de 2027 a noviembre de 2026, justificando la medida por las posibles afectaciones del Fenómeno del Niño. Este cambio en el calendario electoral ha generado críticas de expertos constitucionales, quienes advierten una posible vulneración al principio de seguridad jurídica y una alteración de las reglas del juego democrático. La modificación impacta directamente en los tiempos de planificación de los partidos, que ahora disponen de un margen significativamente menor para cumplir con los requisitos legales de inscripción de candidaturas y resolución de procesos administrativos pendientes.
La Revolución Ciudadana enfrenta el escenario más complejo debido a su actual suspensión por nueve meses, lo que ha llevado a su dirigencia a solicitar la desafiliación inmediata de sus militantes para que puedan participar a través de otras tiendas políticas. Por otro lado, movimientos como Construye y Unidad Popular se encuentran en una carrera contra el tiempo para revertir sus procesos de cancelación ante el Tribunal Contencioso Electoral antes de agosto. Asimismo, la situación del movimiento RETO añade incertidumbre al tablero electoral, tras las recientes vinculaciones judiciales de su directiva que podrían derivar en nuevas suspensiones, limitando aún más las opciones de coalición para los sectores de oposición.
