El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por el presidente Daniel Noboa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de rebelión, a solo un día de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, prevista para el 14 de mayo de 2025. La acusación señala un supuesto plan orquestado por sectores de la oposición, específicamente de la Revolución Ciudadana (RC), para impedir que la asambleísta Annabella Azín, de ADN, presida la sesión inaugural, como le corresponde por ser la representante de la lista más votada en las elecciones de febrero de 2025. La Fiscalía abrió una investigación previa para determinar si existen elementos que sustenten la denuncia.
El delito de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se define como el acto de alzarse en armas para alterar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o modificar el régimen constitucional, con penas de 10 a 20 años de prisión. Según ADN, el supuesto complot buscaría ceder el control de la sesión a un legislador de RC, violando el orden establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Posts en X reflejan la gravedad de la denuncia, con medios como El Semanario y Ecuainm reportando que la maniobra apunta a desestabilizar el proceso legislativo desde su inicio. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente y requieren investigación judicial para confirmar su veracidad.
La denuncia se enmarca en un clima de alta tensión política, con negociaciones intensas entre ADN y RC-RETO, las dos fuerzas mayoritarias que controlan 66 y 67 curules, respectivamente, de los 151 escaños de la nueva Asamblea. ADN ha sumado apoyos de Pachakutik (9 legisladores), el Partido Social Cristiano (4) y asambleístas independientes como Mónica Salazar, alcanzando cerca de 70 votos, según la asambleísta Nathalie Farinango. Por su parte, RC ha enfrentado deserciones, como la de Salazar, pero un grupo de sus legisladores de Pichincha reafirmó su lealtad al movimiento, negando divisiones internas. Estas dinámicas sugieren que la elección de la presidencia de la Asamblea será un punto crítico, con Azín y Viviana Veloz de RC como principales contendientes.
La acusación de rebelión ha generado controversia, ya que algunos analistas consideran que podría ser una estrategia de ADN para consolidar su posición y presionar a la oposición antes de la instalación del Legislativo. Casos históricos, como la denuncia contra el prefecto de Azuay Yaku Pérez en 2019 por entrar al patio de la Asamblea durante protestas, muestran que el delito de rebelión se ha invocado en contextos de conflicto político, aunque con resultados variables. La investigación de la Fiscalía, que puede extenderse hasta dos años, será clave para esclarecer si existen pruebas de un intento deliberado de subvertir el orden constitucional, mientras la ciudadanía observa con atención el arranque de un periodo legislativo marcado por la polarización.
