La comunidad internacional ha reaccionado con estupor e indignación ante la implementación de un nuevo código penal en Afganistán que legaliza y fomenta la violencia física contra las mujeres y niñas. El documento, compuesto por 119 artículos, define la agresión como una herramienta de disciplina social y prevención del vicio, permitiendo a los hombres utilizar la fuerza para asegurar la obediencia femenina. Organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas han calificado este marco legal como un apartheid de género, señalando que la normativa borra a las mujeres de la vida pública y las reduce a una condición de propiedad bajo el mando de un esposo o amo.
La desproporción en las sanciones ha generado una ola de críticas globales al comparar la protección de los animales con la integridad de las mujeres. Mientras que el maltrato a un camello puede ser castigado con cinco meses de prisión, la fractura de un brazo a una mujer solo conlleva una pena máxima de 15 días, siempre y cuando la lesión deje marcas graves. Además, el código penal otorga a jueces clérigos la facultad de castigar actos de autonomía, como trabajar sin permiso o visitar la casa paterna sin consentimiento conyugal, acciones que pueden derivar en azotes públicos o meses de cárcel, dejando a la población femenina en un estado de total indefensión.
