Azuay, Ecuador. Varios asambleístas de la provincia de Azuay, entre ellos Mabel Méndez, Roque Ordóñez y Gerardo Machado, han alzado su voz enérgicamente para manifestar su rotundo rechazo a la implementación de proyectos mineros en las zonas protegidas de la región. Su principal argumento se centra en la ausencia de consulta previa, libre e informada, un requisito establecido por la Constitución de Ecuador.
Los legisladores expresaron su apoyo a la Asamblea por la Defensa de Quimsacocha, así como a diversas comunidades, colectivos ciudadanos y sectores académicos que comparten la preocupación por las concesiones mineras en ecosistemas tan frágiles. Subrayaron que las fuentes de recarga hídrica son vitales no solo para la biodiversidad, sino también para la salud y el abastecimiento de agua de los habitantes de Azuay, haciendo referencia a los resultados vinculantes de consultas populares previas en Girón (2019) y Cuenca (2021). Los asambleístas advierten que una concesión minera otorgada en 2025 podría tener un impacto devastador en el ecosistema de Quimsacocha y sus alrededores, vulnerando los derechos de la naturaleza y de las comunidades locales.
