El alcalde de Pujilí, José Arroyo, procesado por el presunto delito de peculado dentro del caso Ornato Municipal, cumplirá su prisión preventiva en un centro de rehabilitación social femenino, tras declararse de género femenino en su cédula de identidad.
La decisión fue adoptada por el juez de la causa, quien dispuso su traslado a una cárcel de mujeres en cumplimiento de la normativa vigente, que establece que las personas privadas de libertad deben ser ubicadas en centros penitenciarios acordes con el género registrado en su documento de identidad.
El caso ha generado debate en torno a los procedimientos penitenciarios y el marco legal que regula la ubicación de personas con identidad de género distinta al sexo asignado al nacer. Actualmente, el reglamento penitenciario contempla la protección de derechos y la integridad física de las personas trans y con cambio de género legal, pero no detalla lineamientos específicos para casos de funcionarios procesados por delitos de corrupción.
Arroyo fue detenido en un operativo que incluyó 20 allanamientos en Cotopaxi, donde también se arrestó a otras 16 personas: 13 funcionarios municipales, tres particulares y una funcionaria pública. Según la Fiscalía General del Estado, las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a obras y servicios municipales.
El caso Ornato Municipal continúa en fase de instrucción fiscal, mientras la defensa del alcalde no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión judicial y su traslado a la cárcel de mujeres.
