La madrugada del 4 de julio, Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Guayas y El Oro, investigando una presunta red de delincuencia organizada. Los operativos apuntaron a oficinas y domicilios de accionistas y exaccionistas de una comercializadora que habría revendido diésel subsidiado, destinado al sector camaronero, a consumidores no autorizados.
La Fiscalía, desde su Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, señaló que esta actividad generó millonarias ganancias ilícitas a los involucrados, perjudicando al Estado. Entre los investigados hay exfuncionarios de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos (ARCH) y sus familiares.
El caso, denominado Triple A, inició tras una denuncia de la ARCH por discrepancias entre el diésel despachado por Petroecuador y el comercializado. Empresas como Fuelcorp S.A., Codepesa S.A. y otras están vinculadas, junto con personas como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La investigación reveló transacciones con empresas relacionadas con el caso Triple A, ampliando el alcance de las indagaciones sobre la comercialización ilegal de hidrocarburos.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer la red de corrupción y determinar el impacto económico de estas actividades ilícitas en el país.
