El 1 de agosto de 2025, una jueza colombiana anunciará la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), hallado culpable el 28 de julio por soborno y fraude procesal al manipular paramilitares para evitar vínculos con escuadrones de ultraderecha. La defensa apelará la condena de primera instancia, que determinará si Uribe, de 73 años, queda libre durante el proceso, enfrentando hasta 12 años de prisión, posiblemente en arresto domiciliario por su edad.
Cuatro expresidentes ecuatorianos—Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Jamil Mahuad—junto a los grupos Libertad y Democracia e IDEA, emitieron una carta apoyando a Uribe. Alegan violaciones al debido proceso y anomalías como interceptaciones ilegales, filtraciones a medios, testimonios no confiables y cambios en la postura de la Fiscalía, pese a la solicitud de exoneración de la Procuraduría. Solicitan monitoreo internacional, medidas de protección y respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana.
Dirigida a la ONU, la OEA y la CIDH, la carta denuncia un proceso “plagado de anomalías” impulsado por extraditados, pidiendo evitar una “injusticia” que siente un “precedente nefasto”. El caso, que polariza Colombia, refleja tensiones entre la justicia y sectores políticos, con Uribe preparando su apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
