Amnistía Internacional ha presentado el informe “Son militares, yo lo vi”, que documenta la desaparición de diez personas en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas en 2024. Según la organización, estos casos cumplen con los criterios de desaparición forzada, ya que incluyen la privación de libertad, la participación de agentes estatales y la posterior negación de las autoridades a reconocer las detenciones o a informar sobre el paradero de las víctimas.
La investigación y los hallazgos
El informe de Amnistía Internacional, basado en la revisión de cinco casos y el contacto con los familiares de los desaparecidos, revela que los afectados son en su mayoría jóvenes, e incluso menores de edad, como Jostin Álvarez, de 17 años, y Jairo Tapia, de 16, desaparecidos en Babahoyo. Un caso especialmente trágico es el de cuatro menores (Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo) que fueron detenidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil y luego hallados sin vida en un río.
Según la Fiscalía de Ecuador, existen 43 denuncias de posible desaparición forzada, una cifra que Amnistía Internacional considera un subregistro. La organización ha denunciado la lentitud de las investigaciones y las “enormes barreras” que enfrentan las familias para buscar a sus seres queridos y conseguir justicia.
Recomendaciones al Estado
Amnistía Internacional ha exigido al Estado ecuatoriano una serie de medidas, entre ellas:
- Revertir la militarización de la seguridad pública.
- Garantizar investigaciones inmediatas y que las Fuerzas Armadas cooperen con las autoridades judiciales.
- Proteger a las familias de las víctimas y asegurar la reparación integral de los afectados.
- Permitir que mecanismos internacionales de derechos humanos brinden asistencia técnica a la Fiscalía.
La organización ha enfatizado que el Estado tiene el deber de buscar a las personas desaparecidas y asegurar que se haga justicia.
