Andrés Arauz, miembro del movimiento Revolución Ciudadana, sugirió el 21 de mayo de 2025 presentar una denuncia por asociación ilícita contra la exfiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, tras el nombramiento de Salazar como embajadora de Ecuador en Argentina. Arauz sostiene que, desde la solicitud de beneplácito al gobierno de Javier Milei, ambos habrían incurrido en tráfico de influencias y fraude procesal. Según Arauz, durante los 17 meses de gestión de Salazar como fiscal, existió un acuerdo político con Noboa, quien enfrentaba múltiples denuncias penales, lo que habría beneficiado a autoridades de su partido, Acción Democrática Nacional (ADN), al evitar investigaciones.
Arauz, excandidato presidencial en 2021, también acusó a Salazar de no excusarse en casos con conflictos de interés, lo que califica como fraude procesal al perseguir a opositores políticos. Estas declaraciones se dan en el contexto del caso Ligados, where Arauz, junto a la exasambleísta Esther Cuesta y otros, enfrenta investigaciones por presunta asociación ilícita para influir en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). En su cuenta de X, Arauz denunció persecución política, afirmando que las acusaciones en su contra son retaliación por “desenmascarar a la oligarquía y narcobanqueros”.
El anuncio de Arauz ha generado controversia, con sectores oficialistas defendiendo a Salazar por su lucha contra el crimen organizado, mientras el correísmo la acusa de parcialidad. Noboa, quien asumió su segundo mandato el 22 de mayo, ha negado respaldar juicios políticos contra Salazar en el pasado, destacándola como clave en la lucha contra el narcotráfico. La tensión política se intensifica ante la ceremonia de investidura de Noboa, que Arauz busca boicotear, alegando ilegitimidad y logrando, según él, la cancelación de un líder europeo no identificado. Este enfrentamiento refleja la polarización en Ecuador, con implicaciones para la estabilidad política.
