El 8 de abril de 2025, el abogado Manuel Antonio Pérez presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Annabella Azín, asambleísta electa por Acción Democrática Nacional (ADN) y madre del presidente Daniel Noboa, por presunta campaña anticipada. La acusación, basada en el artículo 278 del Código de la Democracia, señala que Azín habría violado las normas electorales al realizar actos de promoción antes del período permitido para las elecciones del 9 de febrero de 2025. Este delito se sanciona con una multa de 20 salarios básicos, destitución o suspensión de derechos políticos de seis meses a dos años.
Azín, quien encabezó la lista de ADN con el 43.34% de votos, es la principal candidata del oficialismo para presidir la Asamblea Nacional, que se instalará el 14 de mayo de 2025. Con 66 curules, ADN busca consolidar una mayoría de 77 votos, sumando apoyos del Partido Social Cristiano (PSC), movimientos provinciales y tres asambleístas de Pachakutik, según fuentes oficialistas. Sin embargo, la denuncia podría complicar su aspiración, aunque el proceso está en etapa inicial y será revisado por el juez Ángel Torres.
La Revolución Ciudadana (RC), con 66 escaños tras la salida de Mónica Salazar, propone a Viviana Veloz como su candidata a la presidencia legislativa, intensificando la pugna por el control del Parlamento. Azín, con experiencia como diputada (2006-2007) y asambleísta constituyente (2007-2008), enfrenta este desafío mientras el oficialismo negocia alianzas para garantizar la gobernabilidad de Noboa. La resolución del TCE será clave para definir el futuro político de Azín y el equilibrio de fuerzas en la nueva Asamblea.
