La actual directiva de la Asamblea Nacional, liderada por Niels Olsen, ha tomado medidas drásticas contra la herencia administrativa de la gestión anterior. Este 31 de enero de 2026, se oficializó la desvinculación de 13 servidores legislativos que ocupaban cargos bajo nombramientos provisionales otorgados durante la presidencia de Viviana Veloz (RC). La decisión responde a un examen especial de la Contraloría General del Estado que cubrió procesos de personal entre octubre de 2024 y marzo de 2025, revelando que dichas designaciones se realizaron sin concursos de méritos, sin manuales de procedimiento claros y bajo un esquema de “asignación a dedo”.
El informe de control fue contundente: no solo se omitió la planificación obligatoria de concursos de méritos y oposición, sino que se halló personal que no cumplía con la experiencia ni la instrucción formal requerida para sus puestos. La exasambleísta y actual ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien impulsó la intervención de la Contraloría en marzo de 2025, celebró la medida como un paso necesario para “limpiar” la institución de prácticas clientelares. La Asamblea aclaró que estas salidas no son sanciones disciplinarias, sino el resultado de declarar desiertos los concursos irregulares como parte de una reestructuración institucional.
