La defensa del alcalde Aquiles Alvarez, liderada por el abogado Ramiro García, interpuso este jueves 5 de marzo una demanda de recusación contra la jueza Clara Soria. El recurso busca apartarla del Tribunal Anticorrupción que tiene previsto instalar la audiencia de juzgamiento este sábado 7 de marzo en Quito. El caso Triple A investiga el presunto tráfico ilegal de combustibles, un delito que habría causado un perjuicio al Estado de aproximadamente 61.5 millones de dólares.
Los argumentos de la defensa
Alvarez fundamenta su pedido en dos puntos principales que, según su escrito, vulneran el debido proceso:
- Falta de imparcialidad por el “Caso Nene”: La defensa señala que la jueza Soria fue quien sentenció a Sebastián Barreiro (hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad). Alvarez sostiene que dicho proceso está vinculado a un contexto de “persecución política” contra opositores al gobierno actual, escenario en el cual también enmarca su propio caso. Por ello, afirma que existe una “duda razonable” sobre la objetividad de la magistrada.
- Duplicidad de actas de sorteo: Se presentó un pedido de nulidad de la conformación del tribunal debido a la existencia de dos actas distintas. Una del 2 de marzo, donde figuraba la jueza Consuelo Tapia, y una nueva del 5 de marzo, donde aparece la jueza Clara Soria. La defensa califica esto como “jurídicamente inadmisible” al no existir una resolución que anule el primer sorteo.
El Tribunal y el proceso
Hasta el momento, el tribunal encargado de resolver la apelación a las medidas cautelares de Alvarez y dar inicio al juicio está conformado por:
- Jorge Sánchez Pico (Ponente)
- Clara Soria Carpio (Recusada)
- Víctor Barahona Cunalata
Por su parte, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), acusadora particular en el caso, denunció que estas acciones son maniobras dilatorias. Según la entidad, la defensa busca entorpecer un proceso que ya suma 14 diferimientos previos. El juicio, que se extendería hasta el 21 de marzo, busca determinar la responsabilidad de 16 personas y 6 empresas en la comercialización irregular de más de 22 millones de galones de combustible.
