El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, anunció el 27 de mayo de 2025 que no hablará más sobre el caso Triple A, en el que está vinculado por presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles, y que dejará el asunto en manos de sus abogados. En una entrevista con Teleamazonas, Alvarez expresó que la investigación, liderada por la Fiscalía, es una “persecución política” orquestada desde el gobierno de Daniel Noboa, pero enfatizó que confía en que sus defensores demostrarán su inocencia.
El caso Triple A, iniciado el 23 de julio de 2024 tras siete allanamientos en Guayaquil y Milagro, investiga a 16 personas naturales, incluido Alvarez, y seis jurídicas, como la empresa familiar Copedesa, por desviar diésel subsidiado a sectores no autorizados, como minería en zonas fronterizas, causando perjuicio al Estado. La Fiscalía, a cargo de Leonardo Alarcón, vinculó a Alvarez y otros en abril de 2025, imponiéndole medidas como grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
Alvarez ha denunciado amenazas contra su exabogado Emilio Santacruz, quien renunció en marzo de 2025, y problemas de salud de su reemplazo, Geovanny Vásquez, lo que llevó a contratar a Diego Córdova y luego a Ramiro García Falconí, cuestionado por Rafael Correa. Las audiencias han sido postergadas por recursos legales y conflictos de interés, como la excusa del juez Jairo García. La audiencia preparatoria del 27 de mayo fue suspendida por un expediente incompleto.
El alcalde, quien calificó el proceso como un “mamotreto” para desprestigiar a la Revolución Ciudadana, insiste en su inocencia y acusa al fiscal Alarcón de parcialidad. La Fiscalía, por su parte, considera intimidatorias sus declaraciones. Mientras, Alvarez continúa sus funciones, pero enfrenta críticas por la percepción de inseguridad en Guayaquil y tensiones con el gobierno central.
