El 31 de julio de 2025, Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, fue convocado por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para explicar la suspensión del proyecto de puentes en Los Ceibos, pero no asistirá debido a un viaje a la isla Puná para inaugurar una unidad de salud y realizar un concejo itinerante. En un mensaje grabado, confirmó la notificación y expresó su disposición a comparecer, pero ante el pleno de la Asamblea, no solo por el puente, sino para abordar temas de interés nacional.
Alvarez aclaró que, como alcalde, no está sujeto a la fiscalización de la Asamblea, sino del Concejo Municipal, pero está “encantado” de acudir si se le asigna una nueva fecha. “Gracias por darme la oportunidad de llevar temas que todos los ecuatorianos quisieran tocar”, dijo, enfatizando que no es obligatorio asistir.
El conflicto surge por la revocatoria de permisos ambientales ordenada por el Ministerio del Ambiente (MAATE) a la Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, tras denuncias ciudadanas. La obra, financiada por la CAF con 15,4 millones de dólares, fue suspendida el 11 de julio por requerir una licencia ambiental de alto impacto, según el MAATE. Alvarez insiste en que la obra, “cemento sobre cemento”, no afecta el ecosistema y acusa a Aguiñaga de actuar por motivos políticos, mientras ella defiende la legalidad de la medida.
El enfrentamiento escaló el 30 de julio con cruces en redes sociales. Alvarez calificó la suspensión como “100% política”, mientras Aguiñaga negó haber revocado permisos y convocó a una rueda de prensa para aclarar el proceso sancionador en curso, que podría durar 30-45 días.
