La relación comercial entre Ecuador y Colombia ha entrado en una fase crítica tras la implementación de aranceles recíprocos que afectan a cientos de productos. Desde el 1 de mayo de 2026, Ecuador aplica una “tasa de seguridad” del 100% a las importaciones colombianas, argumentando la falta de control en la frontera norte. En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 0455, estableciendo aranceles de hasta el 75% para 191 productos ecuatorianos. Esta escalada no solo compromete el intercambio bilateral, sino que pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos esenciales y ha reducido drásticamente el flujo de transporte pesado en el Puente Internacional Rumichaca, pasando de 150 camiones diarios a apenas cinco.
El impacto es severo para el consumidor ecuatoriano y sectores sensibles como la salud y la educación. Se estima que el costo de los insumos médicos importados desde Colombia podría incrementarse en más de USD 15 millones, afectando directamente a pacientes con enfermedades crónicas. Asimismo, productos de consumo masivo como el café han duplicado su precio, mientras que el sector editorial reporta escasez de libros y un alza del 20% en sus costos. Con la pérdida de miles de empleos en las zonas fronterizas y el encarecimiento de materias primas como acero y aluminio, los gremios advierten sobre un colapso inminente si no se retoma el diálogo diplomático para frenar las represalias económicas.
