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octubre 23, 2025 | Actualizado ECT
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Asamblea aprueba reformas a la Ley de Movilidad Humana con deportación expedita y control migratorio riguroso

El proyecto, que exige antecedentes penales a extranjeros, fue aprobado con 88 votos, pese a las críticas por incluir textos previamente declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.

Escrito por Abel Cano

octubre 23, 2025 | 06:39 ECT

La Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos a favor, un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana que busca reforzar el control migratorio, impedir el ingreso de extranjeros que representen un riesgo para Ecuador y establecer una deportación expedita. El texto íntegro, compuesto por 58 artículos, pasará ahora al Ejecutivo para su sanción o veto.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Lucía Jaramillo, defendió que las reformas buscan “ordenar, fortalecer y proteger”, y declaró: “Se acabaron las puertas abiertas a quienes vienen a delinquir”. Entre las medidas clave se incluyen:

  1. Exigencia de Antecedentes Penales: Todo extranjero que requiera visado deberá presentar sus antecedentes y probar que no representa una amenaza para la seguridad.
  2. Deportación Expedita: Extranjeros que representen una amenaza a la seguridad del país serán deportados mediante un proceso administrativo en 24 horas, con prohibición de reingreso por 40 años.
  3. Fortalecimiento Institucional: La Subsecretaría de Migración asumirá el control con tecnología avanzada y exigirá el boleto de retorno a los visitantes.
  4. Protección a Ecuatorianos en el Exterior: Se garantiza asistencia legal gratuita y se incluye la figura de migración circular.

Cuestionamientos por Inconstitucionalidad

Las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) criticaron que, en el segundo debate, se incorporaron al texto artículos que habían sido expulsados del ordenamiento jurídico mediante una sentencia de la Corte Constitucional. El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) alertó que cinco de los artículos provienen de las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, contraviniendo el procedimiento parlamentario y la sentencia de la Corte que se pronunció sobre la forma de aquellas leyes. Las disposiciones cuestionadas incluyen la creación de la Visa de Transeúnte y el procedimiento de Deportación Expedita.

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