El futuro político de Mario Godoy Naranjo se define este 18 de febrero de 2026 en una sesión presencial de la Asamblea Nacional. Aunque Godoy dimitió a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) esta mañana, el proceso legislativo impulsado por la Revolución Ciudadana continúa con el objetivo de sancionarlo con la censura, lo que le impediría ejercer cargos públicos. La acusación principal se centra en la “manifiesta inoperancia” y supuestas presiones ejercidas contra el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero para favorecer a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio sentenciado por lavado de activos, en un proceso donde la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, actuó como abogada defensora en etapas iniciales.
El informe de la Comisión de Fiscalización revela detalles alarmantes: el juez Serrano denunció haber sido citado por Henry Gaibor, subordinado de Godoy, para recibir instrucciones coercitivas sobre el caso. Además, se documentó que el magistrado fue amenazado de muerte durante la audiencia —gesto registrado en video por el procesado— y que, pese a las alertas de riesgo de la Policía, el Ministerio del Interior le retiró la custodia y el CJ no le otorgó protección efectiva. Los interpelantes Viviana Veloz y Franklin Samaniego sostienen que Godoy no solo falló en proteger la integridad del juez, sino que incurrió en una intromisión en la independencia judicial al tolerar las acciones de sus subalternos.
