El pleno de la Asamblea Nacional se prepara para el segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, el cual propone que las personas privadas de libertad (PPL) puedan recibir visitas a través de medios telemáticos. Esta reforma al artículo 715 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) permitiría el uso de herramientas tecnológicas cuando existan riesgos de seguridad, dificultades logísticas o grandes distancias. El texto establece que estas comunicaciones podrán ser grabadas y monitoreadas con fines de investigación, aunque garantiza la confidencialidad absoluta en las entrevistas entre los internos y sus defensores técnicos.
Bajo esta nueva normativa, las PPL ubicadas en pabellones de máxima seguridad o clasificadas con alto nivel de riesgo realizarán sus visitas exclusivamente de forma virtual por regla general. Además, el proyecto impulsa el uso de videoconferencias para audiencias y diligencias judiciales con el fin de evitar traslados peligrosos. En cuanto a la infraestructura, se plantea una separación estricta: los ciudadanos con prisión preventiva deberán permanecer en centros de privación provisional, mientras que los sentenciados cumplirán su pena en centros de rehabilitación social, dependiendo de la disponibilidad y clasificación de riesgo.
Finalmente, la propuesta legislativa endurece el régimen disciplinario al incorporar nueve causales calificadas como faltas gravísimas. Entre estas se castigará con rigor a quienes dirijan actividades delictivas desde prisión, ejerzan control violento sobre pabellones o extorsionen a otros internos para permitirles el acceso a servicios básicos como alimentación y salud. También se sancionará la instalación no autorizada de redes de telecomunicaciones y las amenazas contra servidores penitenciarios o familiares, permitiendo que los infractores sean trasladados inmediatamente a regímenes de máxima seguridad y sufran restricciones en sus comunicaciones.
