La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 29 de abril de 2025, con 103 votos a favor, la continuación del juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, según El Comercio. La moción, impulsada por el asambleísta Xavier Jurado (ADN), acusa a Hernández de incumplir sus funciones en la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y otras entidades del sector financiero popular, especialmente en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, actualmente en liquidación.
El proceso comenzó el 20 de marzo, cuando la Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio con cinco votos a favor, pese a la oposición de Revolución Ciudadana, que cuestionó su pertinencia. El 24 de abril, la Comisión no logró aprobar el informe que recomendaba el enjuiciamiento, debido a solo cuatro votos a favor, por lo que remitió actas e informes al Pleno, que resolvió con mayoría simple. Hernández, en su defensa, argumentó que la cooperativa ya estaba en liquidación forzosa y que las acciones de control iniciadas durante su gestión continuaron bajo la nueva administración.
El juicio señala un aumento alarmante de cajas de ahorro, de 17 en 2021 a 638 en abril de 2025, con alertas de irregularidades como captación indebida de fondos y falta de control, según Freddy Monge, intendente técnico. La presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, destacó que el proceso cumplió con la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, garantizando el debido proceso. Hernández tiene 15 días para presentar pruebas de descargo, mientras Jurado debe sustentar sus acusaciones.
La aprobación del juicio refleja tensiones políticas, con críticas de Revolución Ciudadana, que lo considera una maniobra para retrasar otros procesos, como el de la ministra Ivonne Núñez. El Pleno, convocado por la presidenta Viviana Veloz, actuará bajo el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hernández espera que la Asamblea archive el caso, alegando que no se configuran causales legales para su responsabilidad política. El desenlace dependerá de la votación final, que requiere 92 votos para una censura.
