El 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley de Transparencia Social con 78 votos de la bancada oficialista ADN y aliados. La normativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, regula las organizaciones sociales sin fines de lucro, introduce reformas tributarias, mineras y fortalece las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Con 18 artículos, 10 disposiciones generales, 9 transitorias, 7 reformatorias y 3 finales, la ley generó críticas de la oposición por su alcance.
La ley establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisará a las organizaciones sociales, clasificándolas por riesgo (bajo, medio, alto) y exigiendo información clara sobre su estructura, financiamiento y proyectos. Además, crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones (SUIOS), una plataforma digital pública gestionada por el Ministerio de Gobierno. Entre las disposiciones, se prohíbe usar medidas de control para persecución política y se exige a las organizaciones un certificado del SUIOS para actualizar su RUC.
La normativa incluye reformas a leyes como la de Prevención del Delito de Lavado de Activos, permitiendo a la UAFE inmovilizar fondos sospechosos y analizar financieramente a autoridades públicas y sus familiares. También transfiere montos congelados a una cuenta única en el Banco Central y exonera tributos en transferencias entre entidades públicas. Aunque promete mayor transparencia, el impacto de la ley en la libertad de asociación y su implementación administrativa sigue siendo debatido.
