El 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en segundo debate, con 82 votos a favor, la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, propuesta por el presidente Daniel Noboa, para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, según reporta El Universo. La reforma elimina la prohibición actual que establece que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares” y prohíbe ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras, dejando el artículo solo con la frase: “El Ecuador es un territorio de paz”.
La reforma, tramitada desde el 16 de septiembre de 2024 tras el aval de la Corte Constitucional el 3 de octubre, responde a la crisis de seguridad por el crimen organizado transnacional, que ha generado un aumento del 90% en homicidios ligados al narcotráfico. El informe de la Comisión Ocasional, presidida por Gissela Garzón (Revolución Ciudadana), destaca que las bases extranjeras aportarían tecnología avanzada, inteligencia y recursos logísticos para enfrentar el narcotráfico, tráfico de armas y personas, especialmente en zonas fronterizas y portuarias.
Con 118 votos, la Asamblea también respaldó en febrero una resolución para apoyar alianzas militares internacionales, sin implicar injerencia extranjera, promoviendo capacitación y transferencia tecnológica. La bancada oficialista ADN, liderada por figuras como Nataly Morillo, defendió la reforma como una herramienta para fortalecer la seguridad sin ceder soberanía, con estrictos controles constitucionales y legislativos. Asambleístas como Yadira Bayas y Andrés Briones (PSC) destacaron la necesidad de cooperación internacional para combatir un crimen transnacional que supera las capacidades nacionales.
La aprobación requiere un referéndum, programado tras la segunda vuelta electoral de abril de 2025, debido a plazos legislativos y la vacancia por campañas electorales. La propuesta ha generado debate: mientras ADN y aliados como PSC y Construye la apoyan, sectores como Revolución Ciudadana y Pachakutik han cuestionado posibles riesgos a la soberanía, aunque no lograron bloquear el trámite.
El informe subraya que las bases operarían bajo tratados internacionales, con fiscalización de la Corte Constitucional y la Asamblea, garantizando respeto a la soberanía. Se espera que fortalezcan la seguridad regional, atraigan inversión y posicionen a Ecuador como aliado en la lucha contra amenazas transnacionales. Sin embargo, críticos advierten sobre la necesidad de reglas claras para evitar abusos y garantizar que los acuerdos beneficien al país.
