Con 81 votos a favor, 63 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este miércoles la reforma parcial a la Constitución que busca eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos.
La votación, que se desarrolló tras varias horas de intenso debate, permitirá que la pregunta y los anexos del proyecto sean ahora remitidos a la Corte Constitucional para su respectivo control de constitucionalidad. Una vez que la Corte emita su dictamen favorable, el texto estará habilitado para ser incluido en una consulta popular.
¿Qué implica esta reforma?
Actualmente, el Estado ecuatoriano destina recursos públicos al fondo partidario permanente, una herramienta pensada para fortalecer la democracia interna, la capacitación política y las actividades institucionales de los movimientos y partidos legalmente inscritos.
Con la aprobación de esta reforma, se plantea suprimir estos recursos, argumentando que el dinero de los ecuatorianos no debe financiar estructuras partidistas, especialmente en medio de una crisis económica y un contexto de desconfianza ciudadana hacia los partidos tradicionales.
Posturas divididas
El proyecto generó un fuerte cruce de posturas entre las bancadas. Los sectores que votaron a favor sostienen que esta medida responde a una demanda ciudadana de austeridad y transparencia, mientras que quienes votaron en contra advierten que eliminar el financiamiento estatal podría abrir las puertas a un mayor control privado y opaco de los partidos, debilitando la democracia.
Además, algunos legisladores denunciaron que en el pasado el fondo partidario fue mal utilizado, mientras que otros defendieron su existencia como una herramienta clave para el fortalecimiento institucional y la formación política sin depender de intereses económicos externos.
Lo que viene
El siguiente paso es clave: la Corte Constitucional deberá revisar la pregunta y sus anexos. Si el dictamen es positivo, el Gobierno podrá someter el texto a consulta popular, permitiendo que sea el pueblo ecuatoriano quien decida si se elimina o no este mecanismo de financiamiento público.
La aprobación de esta reforma marca un precedente importante en la reconfiguración del sistema político ecuatoriano, en un momento de alta exigencia social por cambios estructurales y rendición de cuentas.
