La Asamblea Nacional de Ecuador dio un paso clave el 30 de abril de 2025 al aprobar, con cuatro votos a favor, el informe para el segundo debate de una reforma constitucional que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país. La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca modificar el artículo 5 de la Constitución, eliminando la prohibición actual para facilitar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La decisión contó con el respaldo de legisladores de Avanza, Construye, PSC y ADN, mientras que Revolución Ciudadana y Unidad Popular-PSE votaron en contra.
El objetivo de la reforma es fortalecer la seguridad nacional frente al narcotráfico y la violencia, que representan el 90% de los homicidios en Ecuador, según el gobierno. Las bases extranjeras, bajo estrictos controles constitucionales y legislativos, aportarían tecnología avanzada, inteligencia compartida y capacitación que el país no puede desarrollar a corto plazo. Sin embargo, el proceso aún enfrenta obstáculos: el segundo debate está programado para después del 29 de mayo de 2025, en la nueva legislatura, y, de ser aprobado, la reforma requerirá un referéndum ciudadano en un plazo de 45 días para decidir si se permite o no la presencia militar extranjera.
La oposición, liderada por Revolución Ciudadana, critica la iniciativa, argumentando que compromete la soberanía nacional y cuestionando su efectividad con ejemplos como el de Colombia. Legisladores como Gissela Garzón han señalado riesgos de dependencia externa, mientras que el oficialismo acusa al correísmo de retrasar intencionalmente el trámite para evitar el referéndum en la segunda vuelta electoral. La propuesta incluye salvaguardas, como la obligatoriedad de que cualquier acuerdo para bases extranjeras sea avalado por la Corte Constitucional y la Asamblea, asegurando que Ecuador mantenga su condición de “territorio de paz”. El debate promete polarizar aún más el escenario político en los próximos meses.
