El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, presidido por Niels Olsen, calificó el 18 de mayo de 2025 el proyecto de ley orgánica presentado por el presidente Daniel Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, declarado en 2024 contra 22 bandas calificadas como terroristas. Enviado el 17 de mayo desde Roma, donde Noboa asistió a la misa inaugural del Papa León XIV, el proyecto, con carácter de urgencia económica, otorga al Legislativo 30 días para su aprobación o rechazo; de lo contrario, entrará en vigor por el ministerio de la ley. La iniciativa, que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normativas, propone medidas financieras, tributarias y de seguridad para neutralizar las estructuras del crimen organizado, proteger la economía formal y reactivar zonas afectadas por la violencia, que registró 2,361 muertes violentas en el primer trimestre de 2025.
El proyecto establece un marco jurídico que reconoce oficialmente el conflicto armado interno mediante decretos ejecutivos del presidente, permitiendo medidas extraordinarias sin recurrir a estados de excepción. Crea el Bloque de Seguridad, liderado por Noboa o su delegado, para coordinar acciones militares, de inteligencia y económicas, incluyendo controles fronterizos y sistemas de vigilancia tecnológica. Propone declarar “zonas de seguridad” en áreas amenazadas por el crimen, con presencia reforzada del Estado, y considera objetivos militares los bienes vinculados a actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, extorsión o trata de personas. Estos activos, como inmuebles, vehículos sin placas o dinero en efectivo, serán confiscados y administrados por el Estado si no se reclaman legítimamente en 30 días, destinándolos a programas sociales y económicos. Además, incentiva donaciones a la Policía y Fuerzas Armadas con rebajas de hasta el 30% en el impuesto a la renta y ofrece apoyos anuales a pequeños productores, jóvenes y actores de la economía popular para reconstruir el tejido social.
En el ámbito penal, introduce la figura de “pertenencia a grupo armado organizado” con penas de 22 a 26 años de prisión, y hasta 30 años para líderes o financistas. Establece jueces y fiscales especializados para juzgamientos expeditos, prisión preventiva como regla general en delitos relacionados con el conflicto, y exime a policías y militares de medidas cautelares, permitiéndoles continuar sus funciones mientras son investigados. La propuesta también faculta al presidente a indultar a uniformados procesados por acciones en el conflicto. Sin embargo, asambleístas de Revolución Ciudadana, como Liliana Durán y Paola Cabezas, han criticado el proyecto, calificándolo de “retroceso democrático” por riesgos de abusos en allanamientos sin orden judicial y posibles indultos que garanticen impunidad en violaciones de derechos humanos. Jahiren Noriega y Fernando Cedeño advirtieron que criminaliza la pobreza y profundiza la exclusión. Con el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) controlando 12 de las 15 comisiones legislativas, la aprobación parece probable, aunque el debate promete ser intenso.
