La Asamblea Nacional se encuentra en una carrera contra el tiempo para tramitar la iniciativa popular denominada Acuerdo por la seguridad, presentada el pasado 2 de marzo. El proyecto, impulsado por el concejal Wilson Merino, busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante una articulación liderada por los municipios. Sin embargo, el proceso legislativo se ha visto obstaculizado por vacíos normativos sobre los plazos de admisibilidad y, principalmente, por la falta de acuerdos entre las bancadas de Acción Deportiva Nacional y Revolución Ciudadana. A pesar de que el pleno aprobó la conformación de una comisión calificadora el 31 de marzo, la mesa técnica aún no ha sesionado para verificar los requisitos formales de la propuesta.
La situación se tornó crítica durante la sesión del miércoles 15 de abril, cuando la asambleísta Sandra Figueroa, representante de la RC, presentó su renuncia a la comisión calificadora. En una intervención marcada por reclamos de respeto hacia sus colegas de bloque, Figueroa denunció tensiones internas y cuestionamientos a su lealtad política tras su designación. La legisladora exhortó a las fuerzas políticas a abandonar las confrontaciones personales y enfocarse en la crisis de seguridad que afecta al país, mencionando específicamente la urgencia de resultados en cantones críticos como Durán. Tras su dimisión, el oficialismo mocionó al asambleísta David Arias como reemplazo, pero la sesión fue suspendida por el presidente Niels Olsen sin una fecha de reinstalación clara.
La parálisis de la comisión genera incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa ciudadana, que legalmente solo puede ser rechazada por incumplimientos formales y no por su contenido de fondo. Mientras la normativa establece un periodo para subsanar observaciones, la falta de una resolución inicial mantiene el proyecto en el limbo administrativo. Este escenario pone a prueba la capacidad del Legislativo para gestionar mecanismos de participación directa en un entorno de fragmentación política, donde las disputas por el control de las comisiones parecen prevalecer sobre la urgencia de establecer un nuevo marco normativo para la convivencia social pacífica.
