La Asamblea Nacional pidió a la Corte Constitucional postergar la audiencia del 18 de agosto sobre la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública, presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero y Solidario, y la Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Central del Ecuador. El Parlamento argumenta que los plazos establecidos para responder a las demandas fueron reducidos drásticamente, afectando el derecho al debido proceso.
El juez José Luis Terán convocó a la Presidencia, la Legislatura y los accionantes a una audiencia telemática, pero la Asamblea alertó que los términos legales, que según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales son de quince días, se redujeron a siete en un caso y a tres en otros, limitando la preparación de una defensa técnica. La Presidencia también solicitó suspender la audiencia, argumentando la acumulación de demandas de jueces y servidores universitarios.
La coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, aclaró que el comunicado de la Asamblea refleja la postura de la bancada ADN y no la posición oficial de toda la Legislatura. La solicitud de diferimiento busca garantizar un proceso justo, respetando los plazos constitucionales para responder a las demandas.
