El 9 de julio de 2025, el asambleísta de Azuay, Roque Ordóñez, de Revolución Ciudadana, denunció que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) intenta bloquear un proceso de fiscalización sobre la entrega de más de 560 millones de dólares en bonos y ayudas económicas durante la campaña electoral, según un comunicado en redes sociales.
Ordóñez señaló que el CAL emitió una resolución el 1 de julio para desconocer la fiscalización iniciada por la Comisión de Garantías Constitucionales, de la cual es miembro. Esta acción, afirmó, viola el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe interferir en procesos de fiscalización ya iniciados por una comisión.
El legislador exigió respuestas sobre la entrega de bonos sin sustento técnico, social ni económico, calificándola como un “claro intento de manipulación y favorecimiento electoral” por parte del Gobierno. Ordóñez instó al CAL a respetar el marco legal y permitir que continúe la fiscalización.
La denuncia refleja tensiones entre el legislativo y el Ejecutivo, en un contexto de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos durante procesos electorales, exigiendo transparencia en el manejo de fondos.
