El asambleísta Raúl Chávez, implicado en la investigación denominada caso Goleada, criticó la decisión de la Fiscalía General del Estado de reformular los cargos de delincuencia organizada a lavado de activos. En una entrevista para Ecuavisa, Chávez afirmó que este giro en la estrategia fiscal demuestra que el caso carece de sustento probatorio, lo cual, según su criterio, motivó al juez de la Unidad Anticorrupción a negar el pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros procesados durante la audiencia del pasado 13 de mayo.
Chávez, quien tiene una orden de prisión vigente desde marzo y permanece en un “lugar seguro”, justificó su ausencia de los tribunales alegando una falta de garantías jurídicas en el país y denunció ser víctima de persecución política por “levantar la voz”. La Fiscalía, por su parte, mantiene la tesis de un entramado societario complejo dedicado a la comercialización irregular de combustibles, motivo por el cual solicitó el cambio de tipo penal. Pese a la gravedad de la nueva acusación, el magistrado ratificó únicamente las medidas cautelares previas, permitiendo que los procesados principales enfrenten la instrucción en libertad.
