A partir del 1 de junio de 2025, los asambleístas ecuatorianos que lleguen tarde, se ausenten sin justificación o falten a sesiones del Pleno o de comisiones enfrentarán descuentos en sus roles de pago, según una resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La medida, impulsada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, busca garantizar mayor disciplina y compromiso en el desempeño de los legisladores, en respuesta a críticas ciudadanas sobre la falta de puntualidad y asistencia.
El reglamento establece sanciones económicas proporcionales a las faltas: 50 dólares por cada inasistencia injustificada a sesiones del Pleno y 30 dólares por retrasos superiores a 15 minutos o ausencias en comisiones. En 2024, un informe interno reveló que el 38 % de los asambleístas incurrió en al menos tres inasistencias injustificadas, lo que generó un costo adicional al Estado por sesiones suspendidas. La resolución también exige la publicación mensual de un registro de asistencia para transparentar el cumplimiento de los legisladores.
Organizaciones civiles, como Participación Ciudadana, han aplaudido la iniciativa, pero exigen que se amplíe a sanciones por incumplimiento de funciones legislativas. Por su parte, algunos asambleístas, como Jorge Peñafiel (Construye), han cuestionado la medida, argumentando que podría ser usada políticamente para presionar a opositores. El Gobierno de Daniel Noboa respalda la reforma, destacando su compromiso con la eficiencia en el sector público.
